Solo Alberto Fernández puede salvar al último gobierno kirchnerista de convertirse en un desastre aún mayor de lo que ya es. En este momento, después de haber logrado que el Senado ignore la Constitución, Cristina Kirchner espera que el Presidente firme un decreto para nombrar nuevamente a la exjueza Ana María Figueroa, a quien la Corte Suprema de Justicia destituyó hace menos de un mes. Pero ¿y si Fernández no firma el decreto? ¿Y si el Presidente le paga a Kirchner con la misma moneda que ella le pagó? La vicepresidenta despreció al Presidente al ignorar su petición de acuerdo para el juez Daniel Rafecas como procurador general de la Nación, a pesar de que era un viejo amigo de Fernández. Kirchner suele ser cruel cuando ejerce su poder: el pliego de Rafecas ni siquiera fue tratado por la Comisión de Acuerdos cuando el kirchnerismo tenía una mayoría más amplia en el Senado durante los primeros dos años de la presidencia de Fernández. Ella simplemente se hizo la desentendida de la petición de acuerdo para Rafecas. Si ahora el Presidente guarda el nombramiento de Figueroa en un cajón olvidado durante los poco más de dos meses que le quedan en el cargo, tal vez la historia lo recuerde por ese último acto de dignidad. ¿Dirán que debe firmarlo porque él envió la petición de acuerdo de Figueroa al Senado? Es cierto; podrían argumentar eso. Pero el Presidente puede responder que hizo su parte al enviar el pliego de Figueroa al Congreso a tiempo, y que fue el Senado el que no lo aprobó oportunamente. O tal vez no pudo hacerlo debido a los resultados electorales devastadores para el peronismo en las elecciones legislativas de 2021, que dejaron al kirchnerismo con una mayoría más estrecha en el Senado. Alberto Fernández, hijo de un juez y profesor de la Facultad de Derecho, es el único que puede detener la escalada de la crisis. Sin su decreto de nombramiento, el desafío del Senado de la tarde del jueves quedará en nada. Será solo un intento fallido de sublevación contra la Constitución. Pero si Alberto Fernández firma el decreto de nombramiento de Figueroa, la confrontación entre los poderes Ejecutivo y Legislativo y el Poder Judicial llegará a un nivel aún más peligroso, a pesar de todas las crisis que su vicepresidenta ha provocado en el sistema judicial. En ese caso, habrá dos poderes, el Ejecutivo y el Legislativo, contra el Poder Judicial, que es el más débil de los tres y, por lo tanto, el que más necesita independencia.
Ya es suficiente con tanto conflicto falso en un país donde sus ciudadanos están sumergidos en un mar de inseguridades
Si leemos los artículos 116 y 117 de la Constitución, vemos que la Corte Suprema tiene la responsabilidad de garantizar la supremacía de la ley, ser el intérprete final de la Constitución y proteger los derechos y garantías que en ella se establecen. La Corte ya se pronunció sobre la jueza Figueroa, afirmando que alcanzó la edad límite de 75 años establecida por la Constitución para ejercer el cargo de magistrado, por lo tanto, ya no es jueza. Esta fue la declaración de la Corte en una resolución del 6 de septiembre pasado: “Declarar que la doctora Ana María Figueroa cesó en sus funciones a partir del 9 de agosto del corriente año en virtud de lo dispuesto por el artículo 99, inciso 4, tercer párrafo, de la Constitución nacional“. ¿Alguien necesita una explicación de lo que significa ese párrafo? ¿Necesita Cristina Kirchner que la Corte le confirme lo que dijo? ¿Necesita Alberto Fernández algo más para saber qué puede hacer y, sobre todo, qué debe evitar? Si existiera el decreto presidencial, Figueroa podría apelar ante la Cámara de Casación, de la cual ella formó parte y fue presidenta antes de ser destituida por la Corte, o podría recurrir al Consejo de la Magistratura, el organismo encargado de administrar los salarios de los jueces. La Cámara de Casación ni siquiera necesita el permiso de la Corte Suprema para rechazar el reintegro de Figueroa; los jueces que integran el más alto tribunal penal del país ya han nombrado al juez Mariano Borinsky como presidente del organismo en reemplazo de Figueroa. Y nadie está dispuesto a retroceder solo por el capricho de la vicepresidenta. A la Cámara de Casación le bastará con citar la resolución del máximo tribunal del 6 de septiembre para rechazar cualquier reclamo de la exjueza. Es probable que si la Cámara de Casación solicita la opinión de la Corte, esta se limite a enviarles una copia de la resolución que destituyó a Figueroa. Eso sería suficiente. Ya es suficiente con tanto conflicto falso en un país donde sus ciudadanos están sumergidos en un mar de inseguridades económicas y personales.
¿Por qué Cristina Kirchner le da la espalda a la sociedad? ¿Por qué ignora el gran sufrimiento social? Los rumores que circulan en la Corte Suprema indican que la vicepresidenta está obsesionada con el tribunal y busca confrontarlo directamente. Ha intentado cambiar la Justicia con la comisión Beraldi; ha tratado de modificar la ley que establece las condiciones para nombrar al procurador general de la Nación, puesto perteneciente a la Corte; ha intentado cambiar el número de jueces de la Corte e incluso ha iniciado un juicio político a la misma. Ahora, con esta nueva propuesta, está destinada al mismo fracaso que las anteriores, según se ha comentado en los pasillos de la Justicia. Sin embargo, también hay quienes sostienen que está enviando un mensaje a los jueces que podrían ayudarla a salir de su laberinto judicial. El mensaje es claro: Kirchner protegerá a esos magistrados hasta el último momento, incluso cuando ya todo esté perdido. Los jueces saben que ella es la líder política de una facción que está destinada a extinguirse.
Los senadores también han cometido sus propios errores. Destaca el caso de la senadora Lucila Crexell de Juntos por el Cambio, quien se encuentra en Bonn dando una conferencia sobre energías renovables. Es probable que Cristina Kirchner no hubiera tenido los votos necesarios para desafiar la Constitución si Crexell hubiera estado presente en la votación. Aunque Crexell intenta justificar su ausencia argumentando su participación en un evento sobre energías renovables, muchos creen que esta excusa es insignificante. Ella debía saber que todos los senadores de Juntos por el Cambio, e incluso varios diputados, estaban esperando el movimiento de la vicepresidenta contra la Corte. Pero Crexell prefirió viajar. También resulta sospechosa la ausencia de la senadora Magdalena Solari (del partido massista) de Misiones en el momento de la votación. ¿Es cierto lo que dice su jefe político, el exgobernador de Misiones Carlos Rovira, de que fue una orden suya? ¿O fue, como dicen algunos, un acuerdo con el kirchnerismo para mostrar las contradicciones dentro de Juntos por el Cambio? Sin la presencia de Solari, la votación terminó en empate. La presidenta provisional del Senado, Claudia Ledesma Abdala, esposa del gobernador de Santiago del Estero y una fiel amiga de Cristina, tuvo que desempatar.
El oficialismo no presentó ni un solo argumento jurídico válido durante esa tarde de confusión en el Senado. La senadora ultra-kirchnerista Juliana Di Tullio intentó relacionar el caso de Figueroa con el movimiento internacional Me Too para denunciar una supuesta persecución machista. Sin embargo, la Constitución no hace distinciones de género: todos los jueces deben jubilarse a los 75 años. El senador José Mayans de Formosa, que pasó de ser el segundo de Miguel Ángel Pichetto en el bloque disidente del kirchnerismo a presidente del bloque firmemente kirchnerista, es uno de los peores oradores que ha tenido el Senado. Su retórica incoherente y desordenada se basa en teorías conspirativas conocidas y desconocidas. No se escuchó ningún argumento jurídico sólido entre todas las personas perdidas en esa tarde. Tampoco existe una explicación razonable para las deserciones de otros senadores que votaron de acuerdo con Cristina. Algunos ejemplos son Guillermo Snopek, heredero de una familia peronista históricamente derrotada de Jujuy; María Eugenia Catalfamo, seguidora de los Rodríguez Saá, que ya perdieron en San Luis; y Edgardo Kueider, representante del peronismo de Entre Ríos, donde su partido perdió en las elecciones primarias del 13 de agosto.
¿Qué hará Alberto Fernández? ¿Detendrá o acelerará el escándalo institucional creado por su vicepresidenta y alimentado, sobre todo, por su infinito rencor? ¿Seguirá el Presidente cultivando el olvido que lo espera?