Argentina requiere una reconstrucción completa de sus instituciones, que alguna vez la convirtieron en uno de los países más prósperos del mundo.
Esto se lograría a través de reformas estructurales que devuelvan el poder al ciudadano: una simplificación drástica de las regulaciones, modernización laboral, una reestructuración integral del estado para poner fin a la discrecionalidad de los gobernantes pero fortalecer sus funciones indelegables, y una reformulación completa del sistema de ingresos públicos.
No se trata simplemente de hacer modificaciones, mejoras o ajustes. La reforma implica una reconstrucción completa; una transformación de arriba a abajo.
El respeto absoluto de los derechos y garantías individuales y del sistema de gobierno federal es crucial en estas reformas. Estos principios constitucionales garantizan el respeto a la persona y su privacidad, la igualdad ante la ley, la inviolabilidad de la correspondencia y la propiedad privada, así como la libertad de comercio e industria. También garantizan la presunción de inocencia y el debido proceso legal. Además, prohíben expresamente la imposición de impuestos confiscatorios. Solo bajo estas premisas se pueden asegurar los principios del derecho tributario: equidad, impuesto único (sin doble tributación), proporcionalidad, racionalidad, transparencia y eficiencia.
La estabilidad normativa también es esencial: los cambios constantes en las tasas y los regímenes impositivos socavan las garantías constitucionales. Ninguna necesidad fiscal o ambición redistributiva debe permitir poner en peligro estas garantías. Sin embargo, la legislación tributaria y penal-tributaria actual las viola abiertamente.
Un sistema tributario efectivo y respetuoso de la Constitución debe basarse en cuatro pilares fundamentales: correspondencia fiscal, simplificación, universalización y transaccionalización. Aquí nos centraremos en los tres últimos.
Simplificación
Esto implica tener pocos impuestos, pocas normas claras y concisas, regímenes únicos y una forma sencilla de liquidación.
Todos los contribuyentes, grandes y pequeños, deben poder comprender las normas sin la ayuda de expertos, gracias a reglas compactas, sencillas, precisas, redactadas sin ambigüedades ni repeticiones, sin superposiciones ni contradicciones, y fáciles de cumplir y verificar objetivamente. Debería haber un sistema legal tributario, reglamentos y resoluciones administrativas concisos y consistentes, de manera que su interpretación conduzca a una única conclusión posible sobre los hechos imponibles, el cálculo, la forma de liquidación y el pago del impuesto.
El alcance de las normas no debe depender de la interpretación discrecional de los agentes de control. Solo un sistema compacto y estable proporciona seguridad jurídica y permite planificar y proyectar, lo cual genera inversiones.
La complejidad del sistema tributario tiene cinco costos diferentes: a) el gasto tributario por exenciones y reembolsos; b) los gastos de administración y fiscalización; c) los gastos de administración de los contribuyentes; d) la evasión inducida por las dificultades para interpretar y cumplir las normas; y e) la corrupción generada o alentada por la complejidad y las lagunas del cuerpo normativo.
Universalización
Aquí también se aplica el prefijo “ultra”. La universalización implica que todos, absolutamente todos, deben tributar cualquier hecho imponible que se pueda interpretar unívocamente.
La universalización es necesaria por razones de justicia e igualdad ante la ley. Pero también es necesaria para garantizar transparencia y eficacia en la recaudación.
Los intervencionistas, siempre dispuestos a sacrificar la transparencia en aras de proteger sectores que ellos consideran “estratégicos” o de “interés nacional”, deben mantener la calma: simplificar y universalizar los impuestos no les impide conceder privilegios, solo que deben hacerlo de manera transparente a través de subsidios presupuestarios explícitos, sin perjudicar la efectividad del sistema tributario.
Las tasas diferenciales, las exenciones y los mecanismos de desgravación han sido las formas más comunes de promover o brindar “estímulos”, es decir, privilegios. Una política típica consiste en otorgar exenciones a las actividades relacionadas con el sector promocionado. La universalización elimina los resquicios para la evasión. Ya no es necesario discutir si la actividad de una empresa está exenta de impuestos y en qué medida, en función de su dudosa contribución a la cadena de valor del sector promocionado. Desaparece la doble interpretación.
El sistema tributario es como un estanque: basta con un solo agujero, basta con quitar el tapón, para vaciarlo por completo. La multitud de exenciones y regímenes privilegiados convierten nuestro desordenado sistema tributario en un verdadero colador.
Transaccionalización
El sistema tributario debe basarse en gravar directa e inmediatamente las transacciones económicas concretas realizadas en el país.
La efectividad en la recaudación requiere gravar las transacciones porque es donde menos se siente el impacto de los impuestos y es más fácil determinar de manera inequívoca la base imponible y la suma a pagar. Además, es donde se dificulta más la evasión. Esto se vuelve aún más efectivo si las tasas impositivas son realmente bajas, de modo que no representen una carga significativa en el precio final y se pueda incorporar fácilmente el costo tributario en la función de precios (ecuación costo-beneficio).
Los impuestos sobre las transacciones (como el impuesto sobre las ventas o el impuesto al valor agregado) pueden ser neutrales si son universales y razonables, es decir, si gravan todas las transacciones de la misma manera y no generan distorsiones en la economía.
Los impuestos progresivos que no se basan en transacciones, como el impuesto sobre los bienes personales o el impuesto sobre activos, son una verdadera penalización al progreso y perjudican el ahorro y la formación de capital, desalentando el esfuerzo al gravar sus frutos.
Las objeciones redistribucionistas, como “vender no es lo mismo que ganar” o “gravar las transacciones es injusto y regresivo”, son argumentos engañosos. Actualmente, la recaudación depende en gran medida de las transacciones gravadas (como el IVA, los derechos, los impuestos internos, los combustibles y los servicios públicos), con múltiples impuestos que afectan simultáneamente las mismas operaciones.
Con un sistema sencillo y compacto, no hay razón para temer la desigualdad, la regresividad o la descapitalización. La facilidad de cálculo permite que el contribuyente incorpore directamente los impuestos en su fórmula económica, en el precio. Ya no es necesario adivinar si se obtendrá ganancias o pérdidas al emprender un negocio o llevar a cabo una operación específica, ya que el efecto impositivo se incorpora de antemano en los costos.
Una reforma basada en estos tres pilares estimularía el mayor salto en producción, recaudación, inversión y salarios reales en la historia de Argentina.