Durante el último año, se llevó a cabo en Argentina una operación política sucia de alcance desconocido. Su objetivo era obligar a los actores políticos a tomar decisiones en contra de su voluntad, e incluso forzarlos a retirarse de las elecciones. Según lo reconstruido por LA NACION a través de testimonios, mensajes de WhatsApp, correos electrónicos y otros rastros, esto fue lo que sucedió con al menos dos candidatos.
Estas operaciones políticas se centraron en los equipos de campaña de candidatos tanto oficialistas como opositores, incluyendo a Axel Kicillof, quien en su momento era un posible candidato presidencial. También apuntaron a políticos del Conurbano, especialmente del partido de Tigre. Pero estas ramificaciones llegaron hasta España, donde una consultora israelí y un convicto también estuvieron involucrados.
Todo comenzó hace un año, cuando una mujer identificada como “Marcia” llegó a Buenos Aires. Esta mujer afirmó ser cordobesa y vivir en Londres, y dijo representar a una familia inversora de Bruselas interesada en invertir US$ 50 millones en un proyecto inmobiliario. Contrató una consultora de recursos humanos, presentó un “brochure” y solicitó reuniones con referentes políticos de la zona. Sin embargo, en esas reuniones se presentó como “Nina” y dijo representar a otro fondo de inversión de origen árabe. Además, en otro viaje apareció con alguien que se identificó como un asesor senior qatarí. Ofrecieron pagar viajes a Londres y Nueva York, e incluso mencionaron la posibilidad de aportar a las campañas políticas. Después de esto, simplemente desaparecieron.
La segunda fase comenzó este año, con la llegada de una mujer identificada como “Juliana” a Buenos Aires. Esta mujer dijo ser cordobesa y que residía en Miami debido a los constantes traslados de su esposo, un ejecutivo bancario. Comentó que representaba a un fondo extranjero interesado en invertir US$ 100 millones en un proyecto de construcción de viviendas sociales con impresoras 3D en la provincia de Buenos Aires, en un momento en que Kicillof sonaba como candidato presidencial. En esta ocasión, también contrató a una consultora de comunicación y se reunió con los equipos de campaña y asesores de diferentes candidatos. Al igual que en la fase anterior, apareció con personas que dijeron ser asesores del Medio Oriente y Europa, se reunieron en hoteles exclusivos y entregaron “brochures”. También mencionaron la posibilidad de ayudar en las campañas, aunque no discutieron el tema de los pagos. Luego desaparecieron.
La tercera fase de la operación comenzó a principios de julio de este año, cuando una supuesta consultora israelí de inteligencia apareció en Madrid. Esta consultora contactó a al menos un medio de comunicación español y ofreció videos grabados en secreto de políticos argentinos hablando sobre aportes a las campañas electorales. Aunque el medio rechazó la oferta, poco después comenzaron las llamadas intimidatorias a políticos que se reunieron con “Marcia” o “Nina”. Estas llamadas presuntamente provinieron de un teléfono celular registrado a nombre de un hombre condenado por amenazar a familiares de víctimas de los atentados de Madrid y a políticos españoles de izquierda.
Esta trama ha sido confirmada por varias personas familiarizadas con los eventos. Aunque no se ha revelado la identidad de todos los involucrados, se plantean varias preguntas acerca de quién podría estar detrás de esta campaña sucia contra los principales candidatos de la oposición y del oficialismo. También surge la interrogante de qué grupo empresarial podría financiar una operación de esta magnitud con implicaciones internacionales.
A medida que se desarrollaba la operación, varios políticos argentinos fueron contactados y se reunieron con “Nina” y “Juliana”. Sin embargo, algunos de ellos comenzaron a sospechar de la veracidad de estas reuniones, sobre todo después de que el periodista Joaquín Morales Solá publicara dos columnas en LA NACION revelando la presencia de supuestos enviados de servicios de inteligencia prometiendo inversiones y contribuciones en efectivo para las campañas políticas. Más tarde, algunos políticos recibieron mensajes intimidatorios y amenazantes, incluyendo llamadas de un hombre que se identificó como director de un medio ficticio. Resultó que este hombre era un convicto español condenado por delitos similares.
La ausencia de pruebas concretas también es algo inquietante. Los telefonos y correos electrónicos utilizados por los agentes involucrados fueron desactivados o no recibieron respuesta cuando LA NACION trató de contactarlos. Además, el supuesto holding de la constructora que se propuso invertir US$ 100 millones negó cualquier relación con el incidente. En resumen, muchos detalles aún permanecen en la sombra y se desconoce quién está detrás de esta operación ilegal.
Es importante destacar que LA NACION ha decidido no revelar las identidades de ciertas personas y empresas para evitar perjudicar a terceros no relacionados con esta operación sospechosa. Queda por responder quién podría tener interés en desprestigiar a los principales candidatos de la oposición y el oficialismo, como Kicillof, y al mismo tiempo perjudicar a los referentes políticos de Tigre y San Isidro, como Julio Zamora y Gustavo Posse, respectivamente. También es relevante determinar si esta operación fue llevada a cabo por un servicio de inteligencia privado y qué grupo empresarial podría financiar un plan de estas características con implicaciones internacionales.
Esta historia involucra a varios políticos y otros actores que se vieron envueltos en una operación de inteligencia oscura y desconcertante. Aunque algunos fueron víctimas involuntarias, otros tuvieron sospechas desde el principio. Sin embargo, aún quedan muchas preguntas sin respuesta y no se sabe cuánto más saldrá a la luz.