Hay pocas cosas que se saben sobre Zulema Mamani, pero hay muchas suposiciones: se presume que nació en la provincia de Salta, que tiene 86 años y que su cumpleaños es el 13 de mayo. No se sabe si asistió a la escuela o quiénes fueron sus padres. Una parte de su vida sigue siendo un misterio, especialmente para su hijo Miguel y su esposa Antonela, quienes están desesperados por algo que ella no tiene: un DNI.
La familia lleva luchando ocho años para obtener un documento que confirme su identidad. “Queremos que tenga su DNI y estamos desesperados por conseguirlo. Nos duele pensar que para el Estado es una persona no reconocida. Merece que se le reconozca su identidad y que pueda acceder a todos los derechos que se otorgan a cualquier ciudadano de su edad”, ruega Miguel. Cuando era joven, Miguel se mudó a la Ciudad de Buenos Aires y en 2015 trajo a su madre a vivir con él, su esposa y sus hijos en el barrio de Villa Crespo.
Zulema es sordomuda, tiene tres hijos y nació en una zona rural de Salta donde no pudo acceder a instituciones que acreditaran su identidad al nacer. “Quizás nació en un parto casero o sus padres no fueron a registrarla. Realmente no lo sabemos. Fue recién cuando estaba en la escuela primaria que Miguel se enteró de que su madre no tenía DNI, pero nadie le explicó por qué. Y comunicarse con ella para reconstruir su historia no es fácil”, explica Antonela.
Para el Estado, Zulema no existe, lo que le impide acceder a muchos derechos. Nunca ha podido votar, no aparece en ningún documento como la madre de sus hijos, no ha podido jubilarse ni tramitar la pensión cuando murió su esposo, y solo la atienden en los hospitales en casos de urgencia. La lista de vulneraciones es interminable: no puede viajar al extranjero, tomar un bus de larga distancia, volar en avión, obtener una tarjeta SUBE o tener una cuenta bancaria.
Miguel sabe muy poco sobre su madre, ya que ella tiene una discapacidad que le impide hablar y escuchar, y nadie le enseñó lenguaje de señas. “Cuando estaba en sexto grado, mi padre me confesó que ella nunca tuvo DNI, pero no me dijo por qué. Me daba respuestas evasivas y cambiaba de tema. Solo sé que se conocieron en el campo”, dice Miguel. Durante su adolescencia, Miguel emigró a Buenos Aires, y dos años después, su padre falleció. En 2015, le propuso a Zulema que se mudara con él, su esposa y sus hijos de 11 y 14 años.
“Hay muchos adultos mayores sin DNI”
Si bien no hay cifras oficiales sobre cuántas personas no tienen DNI en el país, los expertos estiman que la cifra oscila entre el 1% y el 2% de la población, lo que coincide con la cifra de alrededor de 700,000 personas que maneja el Gobierno nacional, según fuentes extraoficiales.
Para tramitar un DNI, es necesario acreditar tres datos: los nombres de los padres y la fecha y lugar de nacimiento. Por eso se cree que entre esas miles de personas sin documento, muchos son adultos mayores que nacieron en áreas rurales o comunidades indígenas y no registraron su nacimiento.
“Antes no era tan común dar a luz en un centro de salud, y los padres tenían que ir al registro civil, que probablemente estaba muy lejos de su domicilio”, explica Alejandra Martínez, directora ejecutiva de Microjusticia Argentina, una organización que trabaja por el acceso a la justicia de las personas más vulnerables y que actualmente asesora a la familia de Zulema.
El único documento que Zulema tiene para demostrar su identidad es un certificado de preidentificación, que es una declaración jurada que permite el registro de datos de personas indocumentadas nacidas en Argentina. Sin embargo, no es suficiente para acreditar su identidad.
“En mayo, mi mamá se cayó y se lastimó la cadera”, cuenta Miguel. En el hospital se negaban a operarla. Después de una semana de súplicas y reclamos, finalmente la cirugía se realizó. Antonela tuvo que rogar con lágrimas en los ojos para que atendieran a su suegra.
“No tener un documento significa ser invisible ante el Estado”, aclara la directora de Microjusticia. Hasta que encontraron esta organización, nadie ayudó a Zulema a gestionar su DNI ni denunció su situación. “Esa ayuda nunca llegó a todas las Zulemas que hay en el país: personas que, por diferentes razones, no pudieron obtener su documento”.
Antes de contactar con el equipo de abogados de Microjusticia, Miguel y Antonela buscaron ayuda en registros civiles de Salta y Bolivia (pensaron que tal vez ella había sido registrada en el país vecino), en la sede central del Registro Nacional de las Personas (Renaper) e incluso en la Casa Rosada. “Incluso intenté comunicarme con diferentes personas en las redes sociales para ver si la difusión del caso ayudaba de alguna manera, pero nada funcionó. No queremos que Zulema se vaya de este mundo sin que un DNI confirme su identidad”, dice Miguel.
Con la ayuda de Microjusticia, iniciaron un juicio. La duración de este tipo de juicio puede variar. En el mejor de los casos, puede llevar dos años, pero hay casos que pueden tardar hasta ocho años. Finalmente, en 2022, una sentencia del Juzgado Nacional en lo Civil N° 86 ordenó que Zulema fuera registrada en Salta, el lugar donde vivió toda su vida, ya que al no haber registros de ella en otro país, se presume que nació allí.
Sin embargo, hasta ahora, la sentencia no se ha cumplido: “El registro civil de Salta se niega a cumplir la orden judicial porque considera que los datos como su edad, fecha y lugar de nacimiento, aunque se certificaron mediante informes médicos, son solo suposiciones”, explica Martínez. “Si esto continúa así, podría fallecer sin un documento, y si no tiene un certificado de defunción tampoco tendrá uno de nacimiento. Se irá de este mundo como si nunca hubiera estado aquí”.
“Siempre falta algo para completar el trámite”, señala Miguel, quien necesita con urgencia que su madre tenga un DNI para cubrir sus tratamientos médicos. “Nuestro pedido es sencillo y urgente, pero ya no sabemos a quién recurrir. Cuando mi madre muera y se vaya de este mundo, no quiero que lo haga como una persona no reconocida”.