El Consejo de la Magistratura ha decidido que Ana María Figueroa ya no debe ser considerada jueza en la lista de jurados en los concursos con la categoría de “docentes magistrados”, sino solamente como “docente de Derecho Constitucional”. Esta definición, respaldada por el kirchnerismo, cobra importancia debido a que el jueves pasado, el mismo grupo político impulsó en el Senado la continuidad de Figueroa como integrante de la Cámara Federal de Casación Penal, a pesar de la decisión de la Corte Suprema de considerar que había cesado en su cargo por cumplir 75 años el 9 de agosto pasado.
El plenario del Consejo aprobó el dictamen 8/23 de la Comisión de Selección del Consejo de la Magistratura, emitido el 13 de septiembre. En este se respalda la resolución de la Corte que cesó a Figueroa y se resuelve que la doctora ahora solo se debe considerar como docente de la Universidad Nacional de Rosario, y no como “docente magistrada”. Este dictamen fue firmado por los consejeros kirchneristas Héctor Recalde, Vanesa Siley y Gerónimo Ustarroz, así como por el juez Alberto Lugones y otros consejeros.
Es importante mencionar que el kirchnerismo había intentado sin éxito aprobar en el Senado la continuidad de Figueroa por cinco años, ya que ella ya había cumplido 75 años, el límite establecido por la Constitución Nacional. Sin embargo, finalmente lograron reunir el quórum necesario y aprobaron su pliego, decisión que fue respaldada por un decreto del presidente Alberto Fernández que designó nuevamente a la jueza.
Este decreto debe ser enviado al Consejo de la Magistratura, donde se espera que los representantes del kirchnerismo respalden los actos del Senado y la Casa Rosada por encima de la resolución administrativa de la Corte Suprema. Por lo tanto, resulta sorprendente que hayan aprobado el dictamen que cambia la consideración de Figueroa, dejándola de ser magistrada para ser considerada solo como docente universitaria.
Este cambio de categoría tiene implicaciones significativas en el frente judicial de Cristina Kirchner. Los jueces de la Casación advirtieron que el decreto presidencial que reincorporó a Figueroa en funciones lo hizo a partir del 9 de agosto, lo cual brinda un argumento más a la vicepresidenta en su defensa judicial. Esto se debe a que la Cámara de Casación, con los votos de los jueces Daniel Petrone y Diego Barroetaveña, ordenó reabrir los casos Hotesur-Los Sauces y Memorándum con Irán para llevar a juicio oral y público a Cristina Kirchner. La apelación de la vicepresidenta se basa en un argumento constitucional que sostiene que en ese fallo faltó un voto: el de Figueroa, lo que habría violado el principio del juez natural.