El juez federal de Mendoza Walter Bento, que actualmente se encuentra suspendido, se enfrentará a un juicio político a partir de hoy, acusado de no desempeñar adecuadamente sus funciones. Sin embargo, el enjuiciamiento no abarcará los delitos más serios que se le imputan, como el presunto cobro de coimas, lavado de dinero y enriquecimiento ilícito, por los cuales está siendo juzgado en un proceso penal en Mendoza y solo sus fueros lo protegen de una posible prisión preventiva.

En el juicio político, a cargo del jury de enjuiciamiento, se evaluara exclusivamente su desempeño como juez, y la máxima sanción que podrá recibir es la destitución de su cargo. Este juicio tiene un alcance limitado, con solo 15 testigos, y no se revisarán las acusaciones penales, como la supuesta corrupción y el incremento sospechoso de sus bienes.

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Paralelamente, en Mendoza se lleva a cabo un juicio oral y público donde Walter Bento está acusado de recibir sobornos para proteger a acusados a los que debía investigar y de enriquecerse injustificadamente mediante el lavado de dinero.

Si el juicio político resulta en la destitución de Bento, el juez será arrestado, ya que sus fueros ya no lo protegerán de una posible prisión preventiva.

Bento se convierte en el vigésimo quinto juez que enfrenta un jury desde 2000. El 71% de los magistrados que han enfrentado este proceso han sido destituidos.

Para enfrentar estos dos juicios, Walter Bento cuenta con la representación legal del abogado Mariano Fragueiro Frías, un especialista en derecho penal y juicios orales que recientemente logró las absoluciones del exfuncionario René Garro en el juicio de Vialidad contra Cristina Kirchner, y del procurador del Tesoro, Carlos Zannini, en el juicio por la firma del memorándum con Irán.

El juicio penal en Mendoza estará a cargo de las juezas Gretel Diamante, Carolina Pereira y Eliana Rattá, y se transmitirá en el canal del Poder Judicial Nacional en YouTube. Las audiencias se llevarán a cabo durante tres días hábiles, cada semana, desde las 9:00 hasta las 16:30. Debido a la cantidad de acusados y pruebas, se espera que el proceso sea prolongado.

Al mismo tiempo, en Buenos Aires, comienza el juicio político que, en último caso, no excederá los 180 días hábiles. La lectura de la acusación estará a cargo de los consejeros Miguel Piedecasas (abogado radical), Roxana Reyes (diputada de Juntos por el Cambio) y Eduardo Vischi (senador de Juntos por el Cambio).

Es posible que el juez tenga la oportunidad de declarar hoy o mañana. Durante la investigación, Walter Bento ya ha declarado en varias ocasiones. Una vez que el acusado haya declarado, comenzarán a presentarse los testigos. Se espera que testifiquen esta semana y la semana del 9 de octubre. El veredicto se conocerá a finales del próximo mes.

La dificultad de este juicio radica en que no se trata de delitos, sino de la mala conducta de Bento, como cuando se negó a entregar su teléfono celular para ser investigado por la justicia, o cuando se burló del juez encargado de su investigación al vaciar su caja de seguridad antes de que fuera allanada, dejando una nota en la que le exigía que revisara el caso antes de procesarlo. Entre las pruebas se encuentran imágenes suyas en Las Vegas, celebrando en una limusina.

Aunque los cargos no son tan graves como los delitos penales que enfrenta, el juicio político se llevará a cabo antes que el juicio penal, lo que dificulta la tarea de la acusación, que no podrá basarse en el resultado del proceso penal.

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El jurado que decidirá el futuro de Walter Bento fue seleccionado al azar y está compuesto por Javier de la Fuente, juez de la Cámara del Crimen; Daniel Bensusán, senador nacional del Frente de Todos por La Pampa; José Torello, senador de Pro; Anahí Costa, diputada nacional del Frente de Todos; Ana Clara Romero, diputada de Pro; Alfredo Barrau, abogado por la matrícula federal, y Javier María Leal de Ibarra, presidente de la Cámara Federal de Comodoro Rivadavia.

Mayoría agravada

Para destituir a un juez se necesitan cinco votos de los siete miembros del jurado, y la decisión es inapelable, aunque varios jueces destituidos han apelado ante la Corte Suprema de Justicia, que ha rechazado sus reclamos.

En el caso penal, junto a Walter Bento, hay alrededor de 30 acusados, entre ellos contrabandistas, abogados, policías y familiares del juez. Tras una investigación llevada a cabo por el fiscal general Dante Vega, el juez ha sido acusado en 15 casos de cohecho como supuesto líder de una asociación criminal, respaldada por una red de abogados que realizaban las transacciones ilegales y cobraban sobornos en dólares. Además, está imputado por enriquecimiento ilícito y lavado de activos de origen ilegal. De hecho, la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac) respalda el proceso.