Recientemente, el gobierno nacional, a través del Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom), dio luz verde al llamado a licitación para la asignación de frecuencias del Servicio de Telecomunicaciones Fiables e Inteligentes (Stefi). Esta licitación tiene como objetivo avanzar en la implementación de tecnología 5G para servicios inalámbricos fijos y móviles. Además, se decidió otorgar frecuencias a la empresa estatal Arsat de forma directa y gratuita. Aunque ambos procesos son diferentes, están estrechamente relacionados ya que se trata de la asignación de frecuencias para el mismo servicio y tecnología.
A diferencia de otros procedimientos anteriores, tanto el reglamento del Stefi, el pliego y la adjudicación a Arsat no fueron precedidos por una consulta pública según lo establece el decreto 1172/2003. La asignación de este recurso por 20 años debería haberse sometido a una consulta pública para dar la oportunidad a todos los interesados de participar en el proceso.
Estas decisiones fueron precedidas por la suspensión sorpresiva de una reunión de directorio en la que se iba a considerar el pliego, luego de un pedido del presidente Alberto Fernández para posponerla. Esto revela una vez más el papel decorativo del presidente ante el ministro-candidato Sergio Massa.
Con el voto en contra de los directores de la oposición, Enacom avanzó en la licitación con el claro objetivo de obtener ingresos para el Estado. Es evidente que el gobierno no prioriza la conectividad ni la rápida adopción de esta tecnología, sino que busca aumentar las reservas del Banco Central, ya sea en dólares o en pesos al tipo de cambio oficial, para financiar el “plan platita elecciones 2023”.
Las expectativas del oficialismo de recaudar 1400 millones de dólares con esta subasta se han reducido considerablemente, en parte debido a la brecha entre el dólar oficial y los dólares financieros.
En términos de inversión, el primer año solo se prevé la instalación de una antena con tecnología 5G en capitales de provincia y en las ciudades de Buenos Aires, Mar del Plata, Rosario y Bahía Blanca, algo que varias compañías ya han cumplido en parte. Después de siete años, solo se requerirá una antena en localidades de 30.000 habitantes y una antena cada 20.000 habitantes en las ciudades mencionadas. Debido a la posibilidad de compartir la infraestructura, una compañía solo tendría que invertir una tercera parte del costo total necesario para cumplir con estos objetivos.
Para tener una referencia, en la licitación de las tecnologías 2G y 4G, se llegó a localidades de 500 habitantes. El retraso en la conectividad es el resultado de haber priorizado las necesidades económicas en lugar de invertir en infraestructura, como hacen otros países de la región como Brasil, Chile y Colombia. No se trata de llevar 5G a cada rincón de Argentina, pero sí de mejorar la cobertura territorial y poblacional aprovechando esta licitación, incluso con otras tecnologías.
De esta manera, se ratifica tácitamente el controvertido decreto de necesidad y urgencia 690/2020, que otorga al gobierno el control sobre los precios de este futuro servicio.
Además, se ha otorgado a Arsat de forma gratuita un lote de frecuencias para 5G con el objetivo de desarrollar un “plan estratégico de conectividad federal” que no está claro si existe o, en caso de existir, nadie conoce. Se ha criticado esta decisión por parte de los tres operadores móviles argentinos, que han puesto en duda su participación en la licitación en estas condiciones.
En resumen, esta licitación es inoportuna ya que se lleva a cabo a pocos meses de que termine el gobierno y parece estar diseñada pensando en las necesidades económicas en lugar de la conectividad de los argentinos. Además, la falta de transparencia en todo este proceso genera sospechas sobre las verdaderas intenciones detrás de estas decisiones.
LA NACION